
e-ISSN 2600-6006, julio - diciembre 2026, Vol. 7 - Núm 13
ULEAM - Extensión Sucre - Bahía de Caráquez 11
Introducción
La educación superior cubana ha mantenido históricamente un
modelo de formación de ciclo largo, con planes de estudio que
han transitado por cinco años, las licenciaturas e ingenierías,
seis años las carreras de las Ciencias Médicas, y actualmente
mantienen un período de cuatro años, en opción al título de
licenciado, ingeniero o equivalente. Sin embargo, este esquema
presenta limitaciones en términos de exibilidad, pertinencia
laboral y respuesta a las necesidades de cualicación del tejido
productivo y social.
Dichas limitaciones se agravan en el actual contexto
socioeconómico cubano, caracterizado por una crisis
estructural y coyuntural de gran profundidad. Factores como
el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y
nanciero de Estados Unidos, los persistentes desequilibrios
macroeconómicos, la elevada inación y la contracción de la
producción nacional han generado condiciones de escasez que
afectan a todas las esferas e instituciones del Estado (ONEI, 2023;
Espina & Rodríguez, 2022). Esta situación no distingue sectores:
desde la salud y la industria hasta la administración pública y los
servicios básicos, ninguna institución estatal escapa a la tensión
entre las necesidades crecientes y los recursos menguantes. El
sector educacional, pilar histórico de la cohesión social cubana,
no está exento de esta problemática. Las universidades enfrentan
deterioro de infraestructura, limitaciones en recursos didácticos y
tecnológicos, así como dicultades en las condiciones laborales
del personal docente, lo que compromete la calidad y continuidad
del proceso formativo (Ministerio de Educación, 2021).
Estos problemas económicos y sociales inciden directamente
en los estudiantes universitarios. En los últimos años, diversas
instituciones de educación superior del país han reportado un
aumento sostenido de las bajas temporales y denitivas, motivado
por un entramado de factores donde la necesidad económica
ocupa un lugar central (García & Pérez, 2023; Hernández, 2024).
Entre estos factores, destaca con fuerza creciente la obligación de
trabajar para contribuir al sustento familiar, ante el insuciente
poder adquisitivo de las becas y la ayuda familiar tradicional.
Esta realidad constituye una nueva característica del contexto
universitario cubano: el estudiante que interrumpe su formación
no solo por dicultades académicas o vocacionales, sino por una
urgencia vital de generar ingresos, alterando su permanencia, su
rendimiento y su trayectoria formativa.
En este contexto, las salidas intermedias emergen como una
alternativa de certicación académica que permite a los estudiantes
obtener una calicación profesional al superar determinados
hitos curriculares, facilitando su inserción laboral temprana y
el reconocimiento de competencias adquiridas (Romero et al.,
2020; García, 2023). Su importancia es vital por dos razones
convergentes: primero, porque ofrecen una respuesta concreta
al estudiante que necesita trabajar, al permitirle compatibilizar
ingreso económico con progreso académico y certicación
parcial; segundo, porque contribuyen al desarrollo económico
del país en las diferentes esferas productivas y de servicios, al
incorporar fuerza de trabajo calicada en sectores prioritarios
sin esperar los plazos largos del egreso tradicional (CEE, 2022).
Lejos de fragmentar la formación, las salidas intermedias pueden
articular educación, trabajo y supervivencia en un escenario de
crisis.
Fundamentos sobre cómo se realizan las salidas intermedias en
Latinoamérica
En América Latina, la implementación de salidas intermedias
responde a diagnósticos similares: alta deserción, prolongación
injusticada de estudios, desajuste entre formación y empleo,
y necesidad de certicar aprendizajes parciales para mejorar la
empleabilidad juvenil. Los mecanismos concretos varían según
los marcos normativos, pero comparten elementos estructurales.
En Chile, la gura del Técnico de Nivel Superior (TNS) se
obtiene tras dos o dos años y medio de formación en Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica, con planes de
estudio diseñados por competencias laborales. La certicación
intermedia dentro de carreras de ciclo largo (ingenierías, por
ejemplo) se ha impulsado mediante el Sistema Nacional de
Certicación de Competencias Laborales (ChileValora), que
permite convalidar módulos completados con títulos parciales
(Santibáñez & Díaz, 2022; MINEDUC Chile, 2021). La
articulación con el mundo laboral se realiza a través de comités
sectoriales de empleo que denen los perles intermedios.
En México, las Universidades Tecnológicas y Politécnicas operan
bajo el modelo de Técnico Superior Universitario (TSU), una
salida intermedia al cumplir dos años de un programa de cuatro.
El TSU puede insertarse laboralmente y, si continúa, obtener la
ingeniería o licenciatura mediante un año adicional. El diseño
curricular es modular por competencias, cada módulo certicable
independientemente, y existe un marco legal claro en la Ley
General de Educación Superior (DOF, 2021) que obliga a las
instituciones a ofrecer estas trayectorias (González & Ramírez,
2023; Rodríguez-Sánchez et al., 2024).
En Colombia, el Tecnólogo (dos años y medio a tres) es una salida
intermedia reconocida por el Marco Nacional de Cualicaciones
(MNC). El proceso de implementación incluye: (a) identicación
de competencias con el sector productivo mediante mesas
sectoriales; (b) diseño curricular por créditos académicos con
niveles de salida; (c) certicación progresiva expedida por el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o universidades
acreditadas; (d) convalidación automática hacia programas
profesionales (MEN Colombia, 2022; Parra-García & Cárdenas,
2025).
En Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba y la
Universidad de Buenos Aires han implementado Certicaciones de
Grado Intermedio en carreras como Enfermería, Administración
y Sistemas. El mecanismo combina: aprobación de un tronco
común de dos años, denición de un perl ocupacional intermedio
validado por el Ministerio de Trabajo, y expedición de un título
con validez nacional. Estos casos muestran que la coordinación
intersectorial entre educación y trabajo es condición de éxito
(Rodríguez et al., 2024; Fernández & López, 2022; Álvarez et