Fecha de envío: 13/06/2026
Fecha de revisión: 17/06/2026
Fecha de publicación: 28/06/2026
Autor
Grisel Gina González Vidal
https://orcid.org/0009-0002-4484-3133
griselgina@gmail.com
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Venezuela
Impacto del neofeudalismo financiero en la seguridad jurídica y los indicadores de
bienestar social
Resumen:
En el contexto del declive de la economía productiva global y la expansión de
mecanismos de captura rentista, este artículo analizó la reconversión funcional de los
marcos institucionales contemporáneos y su incidencia en la gestión pública del
desarrollo. El objetivo consistió en proponer una reconfiguración regulatoria orientada a
mitigar las asimetrías de la economía de peaje y a superar los enfoques asistenciales
tradicionales. Se empleó un diseño cuantitativo, documental y analítico hermenéutico,
sustentado en una triangulación teórica basada en la economía política heterodoxa y el
institucionalismo crítico. El estudio examinó las contribuciones de Piketty, Hudson,
Mazzucato, Streeck y Varoufakis. Los hallazgos evidenciaron que el ordenamiento legal
vigente fue instrumentalizado para blindar flujos financieros pasivos y deudas perpetuas,
profundizando la concentración de la riqueza bajo la ceguera contable de la
macroeconomía convencional y del Producto Interno Bruto (PIB). Desde el enfoque de
las situaciones sociales de Villar se identificó la viabilidad operativa de dos propuestas
de reingeniería institucional: la dotación mínima de capital ciudadano al alcanzar la
mayoría de edad y la creación de fideicomisos públicos de datos para contrarrestar el
extractivismo algorítmico transnacional. Se concluye que la eficacia del Estado
contemporáneo dependió de la recuperación de su capacidad reguladora soberana y de la
subordinación de los privilegios oligopólicos a la equidad tangible y a la reproducción de
la dimensión humana de la economía.
Palabras clave: gestión pública, economía de peaje, estado de consolidación,
reconfiguración institucional, bienestar social
The impact of financial neofeudalism on legal certainty and social welfare
indicators
Abstract:
In the context of the decline of the global productive economy and the expansion of
rent-seeking capture mechanisms, this article analyzed the functional transformation of
contemporary institutional frameworks and their impact on public development
management. The objective was to propose a regulatory reconfiguration aimed at
mitigating the asymmetries of the toll economy and transcending traditional welfare
approaches. A qualitative, documentary, and analytical-hermeneutic design was
employed, based on theoretical triangulation grounded in heterodox political economy
and critical institutionalism. The study examined the contributions of Piketty, Hudson,
Mazzucato, Streeck, and Varoufakis. Findings showed that the current legal system had
been instrumentalized to protect passive financial flows and perpetual debts, intensifying
wealth concentration under the accounting blindness of conventional macroeconomics
and Gross Domestic Product. From Villar’s social situations approach, the study
identified the operational viability of two institutional reengineering proposals: a
minimum citizen capital endowment upon reaching adulthood and public data trusts to
counter transnational algorithmic extractivism. The study concludes that the effectiveness
of the contemporary State depends on recovering its sovereign regulatory capacity and
subordinating oligopolistic privileges to tangible equity and the reproduction of the
human dimension of the economy.
Keywords: public management, toll economy, state of consolidation, institutional
reconfiguration, social welfare
Introducción
Durante las últimas décadas, la economía mundial experimentó un creciente
desbalance entre la dinámica de producción real de bienes y servicios y la expansión de
mecanismos financieros que extrajeron valor sin generar riqueza tangible. Esta tensión
afectó las condiciones materiales de vida de amplios sectores sociales, aun cuando los
indicadores macroeconómicos tradicionales, como el Producto Interno Bruto (PIB),
reflejaron expansiones comerciales continuas. La velocidad de este proceso resignificó
las funciones tradicionales del Estado y obligó a examinar las raíces institucionales de la
asimetría distributiva contemporánea, en un escenario donde el crecimiento de los
agregados monetarios dejó de traducirse en bienestar material real.
Esta mutación funcional dio lugar dio lugar a una problemática crítica para la gestión
pública: la transformación de la seguridad jurídica, originalmente diseñada para proteger
la innovación y el riesgo productivo, en un blindaje normativo que facilitó la captura de
rentas pasivas. Este proceso se vinculó con la denominada economía de peaje, un modelo
donde el patrón de acumulación contemporáneo no se sustentó en la inversión fabril ni en
la competencia de mercado, sino en el control oligopólico de activos esenciales
privatizados —desde la vivienda básica hasta la infraestructura digital—. El rentista
neofeudal, lejos de producir nuevos bienes, limitó su actividad a imponer un derecho de
acceso sobre recursos indispensables para la reproducción social, generando ingresos a
partir de la exclusión y la coacción legal (Hudson, 2018; Mazzucato, 2019).
Bajo las lógicas de la economía política heterodoxa, quedó en evidencia cómo el
ordenamiento legal dejó de incentivar la inversión productiva para convertirse en garante
de privilegios financieros transables. Esta transformación de los marcos institucionales
facilitó que la rentabilidad del capital (r) superara sistemáticamente al crecimiento
económico real (g). La tesis de Piketty (2014) demostró que, cuando los rendimientos del
patrimonio acumulado excedieron la tasa de crecimiento de la producción y los salarios,
la concentración de la riqueza tendió a profundizarse de manera inevitable. Dicha
asimetría se intensificó bajo la dinámica del estado de consolidación teorizado por Streeck
(2016), espacio donde las estructuras públicas se reconfiguraron para priorizar las
exigencias de los mercados financieros y acreedores globales por encima de los derechos
sociales de la población.
A esta distorsión estructural se sumó la insuficiencia de la contabilidad
macroeconómica convencional, centrada exclusivamente en el registro de flujos
monetarios de mercado, para distinguir entre creación de valor real y rentas extractivas.
Evaluadas bajo este enfoque tradicional, operaciones asociadas con alquileres
artificialmente elevados, el sobreendeudamiento de los hogares o la especulación
financiera aparecieron indexadas como crecimiento neto cuando, en realidad,
representaron transferencias asimétricas de riqueza. Semejante ceguera metodológica
limitó la comprensión del bienestar y afectó la formulación de políticas públicas
orientadas al desarrollo humano, proyectando su aislamiento conceptual incluso sobre la
delimitación de los entornos urbanos, donde el espacio público y la identidad colectiva
sufrieron tensiones de interpretación similares bajo criterios de rentabilidad (Bueno
Carvajal, 2021).
Frente al sesgo cuantitativo convencional, adquirieron relevancias matrices
multidimensionales que permitieron observar las condiciones materiales efectivas de
vida. El enfoque de las situaciones sociales de Villar (2022) ofreció una vía para evaluar
el bienestar, la vulnerabilidad, la autonomía y la capacidad de agencia más allá de los
agregados monetarios agregados. Inspirada en esta perspectiva, la investigación propuso
una reconfiguración institucional para la gestión pública del desarrollo, sustentada en dos
pilares: una dotación mínima de capital ciudadano para fortalecer la base patrimonial de
los individuos al alcanzar la mayoría de edad (Atkinson, 2015) y la recuperación de la
soberanía digital mediante la creación de fideicomisos públicos de datos frente al
tecnofeudalismo algorítmico y el avance concentrado (Varoufakis, 2024). Ambas
medidas buscaron restablecer el equilibrio entre renta y creación de valor, orientando las
políticas públicas hacia la justicia distributiva y la dimensión humana del bienestar.
Materiales y métodos
La investigación se inscribió en el paradigma cuantitativo y adoptó un diseño
documental de carácter analítico-hermenéutico, orientado a interpretar las
transformaciones contemporáneas de los marcos institucionales y sus implicaciones sobre
la gestión pública del desarrollo. Dado que el objeto de estudio se centró en la
reinterpretación funcional del ordenamiento legal y de los indicadores distributivos, el
alcance se definió como descriptivo-explicativo. Esta aproximación metodológica
permitió un examen profundo de la literatura especializada en economía política
heterodoxa, sin recurrir a series temporales cuantitativas, en atención a la naturaleza
conceptual del problema planteado.
Para la conformación del corpus documental, se reunieron aportes relevantes del
institucionalismo crítico, la economía política heterodoxa y las teorías del capitalismo
tardío. La selección se realizó bajo criterios de pertinencia temática y densidad
conceptual, con el propósito de analizar fenómenos como la frontera del valor, la captura
regulatoria, el estado de consolidación y las asimetrías distributivas de la desigualdad. Se
priorizaron textos científicos de reconocido prestigio académico y monografías matrices
que abordaran de manera directa estas categorías analíticas, garantizando la
representatividad y la validez cualitativa del material revisado conforme a criterios de
saturación teórica (Valles, 2009).
El despliegue del procedimiento metodológico contempló tres fases analíticas
complementarias, articuladas con los niveles cognitivos superiores de la Taxonomía de
Bloom. La etapa inicial de análisis desglosó y categorizó las tesis sobre la dinámica
rentista, la acumulación patrimonial, la desposesión estatal y la gobernanza digital
mediante una matriz de sistematización bibliográfica. Posteriormente, la fase de
evaluación ejecutó una triangulación teórica que contrastó críticamente las variables
normativas del derecho de propiedad frente a los indicadores del Sistema de Cuentas
Nacionales (SCN), con el fin de valorar las limitaciones epistemológicas del PIB para
reconocer la transferencia neta de valor hacia los sectores rentistas. Por último, la fase de
creación integró el enfoque multidimensional de las situaciones sociales de Villar (2022)
para formular una matriz analítica de reconfiguración institucional, a partir de la cual se
estructuró la viabilidad de los mecanismos de dotación de capital ciudadano y
fideicomisos públicos de datos masivos.
Resultados
El análisis documental y la triangulación teórica evidenciaron que el neofeudalismo
financiero operó mediante una reconversión funcional de los marcos institucionales,
orientada a privilegiar la captura de rentas sobre la creación de valor productivo. Este
patrón de acumulación se basó en el control de activos escasos, la intermediación no
productiva y la expansión de mecanismos de cobro, reestructurando la distribución del
excedente económico a favor de sectores rentistas. Los hallazgos derivados de este
contraste conceptual se resumieron en la Tabla 1.
Tabla 1: Comparación conceptual de los modelos de acumulación y su impacto
institucional
Variable de
análisis
Enfoque productivo real
Enfoque neofeudal financiero
Fuente
matriz
Origen del
excedente
Riesgo industrial, innovación
tecnológica y esfuerzo
productivo.
Control oligopólico de activos
escasos y bienes básicos
privatizados.
Mazzucato
(2019)
Función del
crédito
Facilitador de liquidez para la
formación bruta de capital
fijo.
Vector extractivo que drena el
ingreso de los agentes
económicos basales.
Hudson
(2018)
Dinámica
distributiva
Beneficio proporcional al
valor generado y a la
innovación del mercado.
Concentración acelerada por
rendimientos del capital
superiores al crecimiento (r > g).
Piketty
(2014)
Estructura
legal
Garantía de predictibilidad
para incentivar la inversión
fabril y el trabajo.
Blindaje normativo, austeridad
fiscal y coacción para asegurar los
flujos del acreedor.
Streeck
(2016)
Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización del corpus teórico.
El examen comparativo de las variables mostró que el desplazamiento desde un
régimen productivo hacia uno rentista alteró profundamente la relación entre crédito,
producción y reproducción social. Procesos como la titulización, la fragmentación de
derechos patrimoniales en activos transables y la imposición de una disciplina fiscal
restrictiva reforzaron la dinámica rentista y debilitaron la función social del sistema
financiero. Semejante tendencia se manifestó en el encarecimiento de bienes básicos, el
creciente sobreendeudamiento de los hogares y la alta rentabilidad de sectores
estratégicos como el crédito, la vivienda y la infraestructura digital.
Los datos analizados confirmaron que el PIB presentó limitaciones significativas para
registrar el deterioro del bienestar social vinculado a estos procesos de desposesión. Al
incluir como crecimiento operaciones asociadas con alquileres artificialmente elevados,
sobreendeudamiento o rentas extractivas, la contabilidad macroeconómica convencional
ocultó transferencias netas de riqueza que redujeron la capacidad de reproducción
material de los hogares, el desgaste del capital humano y la pérdida de autonomía
ciudadana.
Esta insuficiencia cuantitativa reafirmó la pertinencia del enfoque de las situaciones
sociales de Villar (2022) como herramienta para ampliar la comprensión del bienestar,
incorporando dimensiones como vulnerabilidad, privación de derechos, autonomía y
capacidad de agencia. El modelo resultó especialmente útil para analizar contextos
marcados por desigualdad estructural y precarización institucionalizada bajo la lógica de
la austeridad soberana.
A partir de los registros cualitativos sistematizados, se demostró la viabilidad teórica
de dos mecanismos de reconfiguración institucional orientados a mitigar el rentismo
financiero y recuperar capacidades de gestión pública. La primera alternativa consistió en
una dotación mínima de capital ciudadano al alcanzar la mayoría de edad, destinada a
fortalecer la posición patrimonial de los jóvenes y reducir su dependencia del
endeudamiento. Como segunda opción, se planteó la creación de fideicomisos públicos
de datos para enfrentar el extractivismo algorítmico y garantizar la titularidad pública y
la gestión colectiva de los flujos de información masiva, orientando los retornos hacia
bienes comunes. Estos mecanismos se sintetizaron en la Tabla 2.
Tabla 2: Propuestas de reingeniería institucional para la mitigación del rentismo
financiero.
Mecanismo de
gestión
Sustento
teórico
Objetivo operativo
Dotación
mínima de
capital
Atkinson
(2015)
Asignación patrimonial
incondicional garantizada
al alcanzar la mayoría de
edad.
Fideicomisos
públicos de
datos
Varoufakis
(2024)
Titularidad pública y
gestión colectiva de la
propiedad sobre los datos
masivos.
Fuente: Elaboración propia a partir de la operativización de las alternativas analizadas.
Los resultados de la triangulación indicaron que la reconfiguración de la propiedad
constituyó el factor clave para corregir las asimetrías distributivas derivadas de este
marco. Bajo esta lógica operativa, la dotación mínima de capital ciudadano modificó la
posición contractual de los agentes económicos más vulnerables, mientras que los
fideicomisos públicos de datos impidieron que los excedentes derivados de la
digitalización se concentraran exclusivamente en oligopolios tecnológicos.
Discusión
Los hallazgos sugirieron que el neofeudalismo financiero operó mediante una captura
profunda de los dispositivos legales e institucionales del Estado, convirtiendo la seguridad
jurídica en un mecanismo de protección de rentas pasivas y de restricción de la
producción real. En contraste con la visión institucional clásica, que asignó a la seguridad
jurídica la función de incentivar la inversión y reducir la incertidumbre, el análisis mostró
que dicho principio fue instrumentalizado para blindar contratos de deuda, consolidar
privilegios patrimoniales y asegurar flujos extractivos a favor del acreedor.
Detrás de este blindaje normativo, la contabilidad macroeconómica convencional
reprodujo una distorsión analítica al registrar como crecimiento operaciones que
correspondieron a transferencias asimétricas de riqueza. La inclusión de alquileres
artificialmente elevados, sobreendeudamiento y rentas extractivas dentro del producto
agregado ocultó el vaciamiento de la economía productiva, la precarización del trabajo y
la erosión de la autonomía material de los hogares.
A través del prisma conceptual de Streeck (2016), fue posible interpretar esta
dinámica como parte de la consolidación de un estado de consolidación subordinado a las
exigencias de los mercados financieros y los acreedores globales. En este arreglo
institucional, la austeridad soberana, la privatización de activos estratégicos y la
desregulación normativa operaron como estrategias de disciplinamiento estructural,
orientadas a preservar el orden rentista antes que a sostener el interés público.
El agotamiento de estos esquemas de asistencia compensatoria tradicional justificó el
giro hacia alternativas de reingeniería como la dotación mínima de capital ciudadano y
los fideicomisos públicos de datos. La intervención patrimonial fortaleció la autonomía
de los jóvenes al llegar a la adultez, mientras que la colectivización regulatoria de los
flujos de información limitó el extractivismo algorítmico corporativo (Varoufakis, 2024).
Ambas reformas abandonaron la lógica paliativa para intervenir directamente sobre las
causas institucionales de la desigualdad.
La incorporación del enfoque de las situaciones sociales de Villar (2022) resultó
decisiva en esta encrucijada porque amplió la evaluación de las políticas públicas hacia
dimensiones de vulnerabilidad y capacidad de agencia. De este modo, la eficacia de la
gestión del desarrollo dejó de medirse por la mera expansión monetaria, subordinando las
prioridades fiscales a la protección de la reproducción social y a la contención de los
oligopolios económicos.
Conclusiones
Evidenciado a través de la investigación documental, el neofeudalismo financiero
consolidó un patrón de acumulación extractiva mediante la transformación funcional del
principio de seguridad jurídica. El examen de las fuentes matrices demostró que los
marcos regulatorios estatales fueron capturados institucionalmente, convirtiéndose en
dispositivos coercitivos orientados a proteger flujos de rentas pasivas a costa del riesgo
industrial, la inversión productiva y el esfuerzo fabril real. Esta lógica se institucionalizó
mediante el ordenamiento legal vigente, subordinando las garantías básicas y la
estabilidad ciudadana a los derechos contractuales y punitivos del acreedor.
Sistemas de contabilidad nacional tradicionales señalaron una profunda insuficiencia
metodológica en el Producto Interno Bruto (PIB) para reflejar las pérdidas materiales
asociadas al bienestar social. La triangulación conceptual confirmó que la contabilidad
macroeconómica convencional operó con una ceguera estructural y funcional al registrar
las transferencias asimétricas de riqueza, la precarización y el sobreendeudamiento de los
hogares bajo la categoría homogénea de crecimiento económico neto o valor agregado.
Se confirmó, bajo este escenario contable, la necesidad urgente de migrar hacia matrices
multidimensionales, como el enfoque de las situaciones sociales de Villar (2022),
indispensables para que la gestión pública detecte oportunamente el vaciamiento de la
economía real y el desgaste del capital humano.
Valorados por el prisma analítico del institucionalismo crítico, los datos documentales
evidenciaron la viabilidad teórica de implementar dos mecanismos principales de
reingeniería institucional para optimizar la administración pública y frenar el rentismo: la
dotación mínima de capital ciudadano y los fideicomisos públicos de datos. La asignación
patrimonial incondicional al alcanzar la mayoría de edad se presentó como un instrumento
capaz de mejorar sustancialmente la posición contractual de los agentes económicos más
vulnerables frente a la servidumbre por deuda, mientras que la gobernanza pública y
colectiva de la información digital ofreció una respuesta efectiva para contrarrestar el
extractivismo algorítmico global controlado por los oligopolios tecnológicos.
Criterios de eficiencia para el Estado contemporáneo dependieron de manera crucial
de su capacidad reguladora soberana para subordinar la lógica rentista transnacional a la
justicia distributiva, la equidad tangible y la reproducción de la dimensión humana de la
economía. Las alternativas analizadas en este estudio abrieron caminos concretos para
repensar la gestión pública del desarrollo desde una óptica que priorizó la estabilidad
patrimonial de las mayorías, el bienestar real y la soberanía económica ciudadana frente
a las dinámicas globales de desposesión.
Referencias Bibliográficas
Atkinson, A. B. (2015). Desigualdad: ¿Qué podemos hacer? Fondo de Cultura
Económica.
Bueno Carvajal, J. M. (2021). Espacio público e identidad. Tres escenarios de
interpretación en la ciudad contemporánea. Estoa. Revista de la Facultad de
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https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/article/view/3284
Hudson, M. (2018). Matar al huésped: Cómo el sector financiero e inmobiliario parasita
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Mazzucato, M. (2019). El valor de las cosas: Quién produce y quién gana en la economía
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Piketty, T. (2014). El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica.
Streeck, W. (2016). ¿Cómo terminará el capitalismo? Ensayos sobre un sistema en
decadencia. Traficantes de Sueños.
Valles, M. S. (2009). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión
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Varoufakis, Y. (2024). Tecnofeudalismo: El sigiloso sucesor del capitalismo. Deusto.
Villar, A. (2022). El análisis de las situaciones sociales: Un enfoque multidimensional
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