Fishing activities and their relationship with fair trade for the sustainable development of the rural area of the Manta Canton. Proposal for improvement.
Carlos Augusto Moya Joniaux https://orcid.org/0000-0002-3515-6713 Correo: carlos.moya@uleam.edu.ec
Jorge Antonio Corral Joniaux https://orcid.org/0000-0001-6969-6024 Correo: jorge.corral@uleam.edu.ec
Maricela Dolores Vera Crespo https://orcid.org/0000-0001-8826-7831 Correo: mdvera@uees.edu.ec
Washington Ramon Zambrano Velez https://orcid.org/0009-0001-0154-8348 Correo: washington.zambrano@uleam.edu.ec
Este artículo examina la relación entre la pesca artesanal y el comercio justo como motores de desarrollo sostenible en las comunidades rurales del cantón Manta, Ecuador. A partir de un diagnóstico empírico y un marco teórico que incluye teorías del desarrollo, se propone un modelo de formación de competencias para fortalecer las capacidades comerciales y organizativas de los pescadores artesanales. Se destaca la urgencia de implementar certificaciones de comercio justo como estrategia para mejorar las condiciones de vida, fomentar la equidad comercial y proteger el medio ambiente.
Palabras clave: Pesca artesanal, comercio justo, desarrollo sostenible, economía
solidaria, Manta
This article examines the relationship between artisanal fishing and fair trade as drivers of sustainable development in the rural communities of the Manta canton, Ecuador. Based on an empirical diagnosis and a theoretical framework that includes development theories, a competency training model is proposed to strengthen the commercial and organizational capacities of artisanal fishers. The urgency of implementing fair trade certifications is highlighted as a strategy to improve living conditions, promote trade equity, and protect the environment.
Keywords: Artisanal fishing, fair trade, sustainable development, solidarity economy, Manta
La pesca artesanal en las zonas rurales del cantón Manta representa una de las principales actividades económicas y culturales de la población costera. A pesar de su relevancia, esta práctica se enfrenta a múltiples desafíos estructurales como precios injustos, dependencia de intermediarios, falta de acceso a financiamiento y escaso reconocimiento institucional. Esta situación limita las posibilidades de desarrollo económico, profundiza la vulnerabilidad social y debilita la sostenibilidad ambiental de la actividad.
En este contexto, el comercio justo emerge como una alternativa viable para transformar la realidad de los pescadores artesanales, ofreciendo condiciones más equitativas, fortaleciendo el tejido comunitario y promoviendo prácticas responsables. Este estudio propone un modelo contextualizado de implementación del comercio justo en el cantón Manta, basado en datos empíricos, análisis teórico y participación comunitaria.
La pesca artesanal representa una de las actividades productivas más importantes para las comunidades rurales del litoral ecuatoriano, particularmente en la zona rural del cantón Manta. No obstante, esta labor se enfrenta a múltiples desafíos estructurales como la ausencia de valor agregado, condiciones laborales precarias y prácticas de comercialización desfavorables. En este contexto, el comercio justo emerge como una alternativa viable para mejorar las condiciones de vida de los pescadores y fomentar un desarrollo económico sostenible. El presente artículo busca analizar esta relación y proponer un modelo de intervención basado en
competencias para promover una cultura empresarial y solidaria entre los actores locales.
El marco teórico del presente estudio se fundamenta en las teorías del desarrollo económico y social, así como en los principios del comercio justo. La Teoría de la Dependencia, propuesta por la CEPAL, sostiene que las condiciones estructurales de los países latinoamericanos limitan su capacidad de crecimiento autónomo, lo cual se refleja en sectores como la pesca artesanal. Por su parte, el enfoque del comercio justo, respaldado por organizaciones como la WFTO y Fairtrade, promueve relaciones comerciales equitativas, sostenibles y centradas en los derechos de los productores.
Autores como Alvarez (2016) y Doblas & Socías (2015) destacan que la implementación del comercio justo no solo implica una mejora en los ingresos, sino también una transformación en la organización social y en la percepción del valor del trabajo. En el caso ecuatoriano, experiencias como la de Salinas de Guaranda demuestran la viabilidad de estos modelos cuando están articulados a estructuras cooperativas fuertes y al apoyo institucional.
El comercio justo ha evolucionado más allá de una herramienta de comercialización alternativa para convertirse en un enfoque estructural del desarrollo. Desde la teoría de la justicia social de Amartya Sen, la equidad en los intercambios económicos se fundamenta no solo en el acceso a recursos, sino en la capacidad efectiva de las personas para vivir la vida que valoran. Este principio cobra especial relevancia en el caso de los pescadores artesanales, donde la falta de poder de negociación limita sus libertades sustantivas (Sen, 1999).
Karl Polanyi también advirtió sobre los peligros de una economía desanclada de la sociedad, afirmando que los mercados sin regulación pueden poner en riesgo el tejido comunitario (Polanyi, 1944). En este sentido, el comercio justo busca reinsertar valores sociales, ambientales y éticos en el núcleo de la actividad económica. Elinor Ostrom, por su parte, demostró que las comunidades pueden gestionar colectivamente recursos comunes como la pesca, mediante reglas compartidas, participación activa y mecanismos de sanción legítimos (Ostrom, 1990).
En América Latina, el comercio justo ha tenido desarrollos diversos. En Perú, organizaciones como CENFROCAFE han demostrado cómo las certificaciones pueden elevar los ingresos en
zonas rurales y reducir la migración. En Colombia, comunidades afrodescendientes del Pacífico han usado el comercio justo para exportar cacao y café de manera asociativa, fortaleciendo su identidad cultural y autonomía territorial. En Costa Rica, cooperativas pesqueras han implementado esquemas de trazabilidad, garantizando condiciones laborales dignas y sostenibilidad ambiental (CEPAL, 2020).
El concepto de desarrollo sostenible, formulado en el Informe Brundtland (1987), establece que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. En el contexto pesquero, esto implica asegurar medios de vida dignos, preservar la biodiversidad marina y fortalecer el capital social comunitario. En Ecuador, este enfoque se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Bioeconomía, que reconocen la importancia de la pesca artesanal para la seguridad alimentaria y el bienestar local.
Sin embargo, la realidad del sector artesanal dista de estos principios. La sobrepesca, la contaminación costera, la informalidad laboral y la falta de acceso a financiamiento limitan la sostenibilidad de la actividad. Según la FAO (2022), más del 34% de las poblaciones pesqueras del Pacífico oriental están sobreexplotadas, afectando directamente a los pescadores de pequeña escala. La OIT (2020) ha señalado que los trabajadores de la pesca artesanal a menudo carecen de seguridad social, condiciones de trabajo dignas y mecanismos de protección laboral, especialmente en regiones costeras alejadas de los centros urbanos.
En Ecuador, la institucionalidad pesquera se encuentra fragmentada. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) es el ente rector, pero su capacidad de fiscalización y fomento al sector artesanal es limitada. Existen normativas como la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (2019) que reconocen a la pesca artesanal como un componente estratégico, sin embargo, su implementación es parcial. La Subsecretaría de Recursos Pesqueros ha impulsado programas como el registro de embarcaciones y pescadores, pero su cobertura aún es insuficiente.
Es necesario avanzar hacia un modelo de gobernanza participativa, donde los pescadores, gobiernos locales, academia y organizaciones de la sociedad civil construyan conjuntamente las reglas de uso, acceso y comercialización de los recursos. La CEPAL (2021) recomienda
marcos institucionales que promuevan la cogestión, la asociatividad y el reconocimiento del conocimiento local. Una política pública de comercio justo debería incluir incentivos fiscales, asistencia técnica, inversión en infraestructura de frío y cadenas de valor, así como plataformas digitales de trazabilidad.
La inclusión de una perspectiva de género es fundamental para comprender las dinámicas de desigualdad en el sector pesquero artesanal. Las mujeres desempeñan roles cruciales en la cadena de valor, desde la preparación de redes y alimentación hasta la limpieza, procesamiento y comercialización del producto. Sin embargo, sus aportes suelen estar invisibilizados y no son adecuadamente remunerados. Según la FAO (2022), las mujeres representan el 50% de la fuerza laboral en la poscaptura a nivel mundial, pero enfrentan barreras significativas para acceder a formación, financiamiento y representación en las organizaciones comunitarias.
El comercio justo es una forma alternativa de organización económica que busca equilibrar las relaciones comerciales entre productores y consumidores, incorporando criterios de equidad, transparencia y sostenibilidad. Más allá de una etiqueta o certificación, representa un enfoque de desarrollo solidario, basado en la justicia social y la valorización del trabajo humano. Este modelo pone en el centro a los productores, garantizando un pago justo, condiciones laborales dignas y participación activa en la toma de decisiones.
El componente ambiental es uno de los pilares del comercio justo. En la pesca artesanal, esto se traduce en el respeto de vedas, uso de artes selectivos, conservación de hábitats costeros y reducción del impacto ecológico. La FAO ha impulsado el enfoque ecosistémico de la pesca, que considera no solo la cantidad de captura, sino también los efectos sobre las poblaciones marinas, las interacciones tróficas y el bienestar de las comunidades pesqueras.
Las certificaciones de comercio justo y pesca sostenible, como las promovidas por Fairtrade y el Marine Stewardship Council (MSC), incluyen criterios ambientales rigurosos, sin embargo, su implementación es costosa para comunidades vulnerables. Por ello, el enfoque participativo propuesto en este artículo representa una alternativa viable y adaptada a la realidad local, en la que el conocimiento ecológico tradicional de los pescadores es valorado y sistematizado para generar reglas de uso responsables.
La gobernanza de los bienes comunes, como los recursos pesqueros, ha sido ampliamente estudiada por Elinor Ostrom, quien demostró que las comunidades locales pueden gestionar sus recursos de manera eficiente y sostenible si se establecen reglas claras, monitoreo, sanciones justas y mecanismos de resolución de conflictos. En la zona rural del canton Manta en Ecuador, la existencia de asociaciones y cooperativas de pescadores constituye un capital organizativo clave que puede ser fortalecido mediante procesos de cogestión y acuerdos institucionales multilaterales.
Estudios de casos en Perú y Colombia muestran que los sistemas de gobernanza basados en normas comunitarias logran una mayor sostenibilidad que aquellos exclusivamente regulados por el Estado. La clave está en la apropiación colectiva de los recursos, el empoderamiento de los actores locales y la integración de saberes tradicionales con ciencia aplicada.
En Perú, la Central de Productores de Café CENFROCAFE ha logrado consolidar un modelo de comercio justo que ha transformado la estructura productiva y social de sus comunidades. Mediante procesos de capacitación, reinversión en infraestructura comunitaria y diversificación productiva, los ingresos familiares han aumentado en más del 40% en un periodo de 10 años (Fairtrade, 2021). La transparencia en la fijación de precios y la estabilidad de ingresos han sido claves para reducir la migración rural y fortalecer la economía local.
En Colombia, la Red de Mujeres Caficultoras del Cauca ha sido reconocida internacionalmente por aplicar un enfoque de género en la producción y comercialización bajo estándares de comercio justo. A través de procesos de empoderamiento, liderazgo comunitario y alianzas con redes internacionales, estas productoras han mejorado su posición en la cadena de valor y promovido prácticas agrícolas sostenibles. Su experiencia demuestra que la organización y el acceso a mercados diferenciados permiten transformar las condiciones estructurales de exclusión.
En Costa Rica, la cooperativa CoopeTárcoles ha implementado con éxito un sistema de gobernanza comunitaria de la pesca artesanal basado en los principios del comercio justo y el enfoque ecosistémico de la pesca. Gracias al reconocimiento de la tenencia colectiva del territorio marítimo, la creación de zonas de pesca responsable y la formación en trazabilidad, la comunidad ha logrado certificar su producto como sostenible, acceder a mejores precios y preservar el recurso pesquero. Su modelo ha sido replicado por FAO en otros contextos costeros
del Caribe y América Central.
La presente investigación adopta una metodología de tipo mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas con el propósito de comprender tanto los aspectos estructurales como las vivencias humanas de los pescadores artesanales. Se utilizó una encuesta aplicada a una muestra representativa de 146 pescadores de las parroquias Santa Marianita y San Lorenzo, seleccionados mediante muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95%.
Se emplearon métodos teóricos como el hipotético-deductivo y el dialéctico para establecer las relaciones entre las variables 'pesca artesanal' y 'comercio justo'. Asimismo, se realizaron observaciones directas y entrevistas con actores clave, como líderes de cooperativas y expertos en economía solidaria, para triangular la información obtenida. El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva e interpretación cualitativa, centrada en las condiciones socioeconómicas del sector pesquero artesanal.
En la dimensión cualitativa se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a líderes de cooperativas, autoridades locales y comerciantes del sector pesquero. Estas entrevistas permitieron reconstruir narrativas comunitarias y profundizar en la comprensión del vínculo entre informalidad, dependencia de intermediarios y exclusión institucional. El análisis cualitativo siguió un enfoque de codificación temática abierta, utilizando categorías emergentes como 'precio injusto', 'resistencia organizativa' y 'potencial de transformación'.
Además, se realizaron observaciones participantes en jornadas de pesca y comercialización, lo cual proporcionó insumos etnográficos valiosos sobre la dinámica cotidiana de trabajo, los roles de género y los desafíos operativos. Se usaron bitácoras de campo y registros fotográficos con consentimiento informado, en respeto de los principios éticos de la investigación social participativa.
La triangulación de datos se realizó cruzando hallazgos de encuestas, entrevistas y observaciones, con el objetivo de validar patrones y asegurar una interpretación contextualizada de la información. Este diseño metodológico busca no solo describir una problemática, sino acompañar a la comunidad en la construcción de soluciones justas y sostenibles.
Los resultados muestran que el 90% de los pescadores encuestados desconocen el concepto de comercio justo, mientras que el 70% no está conforme con los precios que reciben por sus productos. A pesar de que el 95% obtiene ganancias menores a los $100 por faena, un 85% estaría dispuesto a implementar una cultura empresarial en su actividad.
Estos hallazgos reflejan una estructura de comercialización desequilibrada, donde predominan intermediarios que imponen precios injustos. La ausencia de apoyo institucional (reportado por el 100% de los encuestados) y la informalidad del sector profundizan la precariedad económica. La implementación del comercio justo permitiría reducir estas brechas mediante la certificación de productos y el fortalecimiento organizacional. Estudios como el de Peletier (2015) y Alvarez (2016) demuestran que las certificaciones en comercio justo incrementan hasta en un 30% los ingresos netos de productores rurales en contextos similares.
La encuesta aplicada a 146 pescadores artesanales de las parroquias rurales Santa Marianita y San Lorenzo del canton Manta en Ecuador, revela una serie de patrones estructurales que configuran la precariedad económica del sector. El 70% de los pescadores no están de acuerdo con el precio que reciben por su producto, lo que refleja una profunda asimetría en la cadena de valor. Este dato se refuerza con el hallazgo de que el 50% de los encuestados vende su pesca a intermediarios, quienes imponen precios sin regulación.
El análisis de contenido revela tres categorías emergentes que se repiten en los discursos de los pescadores: (1) injusticia en el precio; (2) falta de apoyo institucional; y (3) deseo de superación colectiva. El 90% de los encuestados manifestó no conocer el comercio justo, pero un 100% estaría dispuesto a participar en campañas de información sobre el tema. Esta predisposición representa una oportunidad estratégica para intervenir con modelos de economía solidaria.
Desde una perspectiva de economía política, la situación en Manta refleja lo que Harvey (2005) define como 'acumulación por desposesión', donde los pequeños productores pierden valor y control sobre su trabajo debido a estructuras de mercado inequitativas. La falta de institucionalidad y los vacíos de gobernanza local permiten la consolidación de intermediarios que monopolizan el acceso al mercado. Este fenómeno es común en sectores donde la informalidad prevalece y las capacidades organizativas son limitadas.
La entrevista realizada a la presidenta de la cooperativa de pescadores Los Tamarindos refuerza los hallazgos cuantitativos. Se expresa frustración por la falta de valoración del trabajo pesquero y preocupación por la ausencia de mecanismos que aseguren un precio justo. La presidenta expresa: 'el comprador paga lo que quiere, y si no se vende, es pérdida total para la familia'. Este testimonio da cuenta de la vulnerabilidad estructural y la necesidad de una intervención urgente.
Asimismo, el 85% de los pescadores encuestados expresó interés en desarrollar una cultura empresarial, lo que indica una fuerte motivación para transformar sus prácticas productivas si reciben apoyo. Esta motivación debe ser canalizada a través de procesos formativos y de acompañamiento institucional sostenido, como lo demuestra la experiencia de la cooperativa CoopeTárcoles en Costa Rica, donde la combinación de organización comunitaria, acceso a mercados justos y conservación ambiental logró transformar la realidad pesquera local en menos de una década.
Los datos obtenidos revelan una situación crítica para el sector pesquero artesanal. Más del 70% de los encuestados expresaron su inconformidad con los precios que reciben por sus productos, señalando la presencia de intermediarios como una de las principales causas de esta desigualdad. Además, el 90% manifestó no tener conocimiento sobre el comercio justo, lo que evidencia una importante brecha informativa que impide el acceso a mejores oportunidades de mercado.
Las cifras revelan una paradoja: más del 95% gana menos de 100 dólares por faena, pero el 85% está dispuesto a transformar su realidad a través de una cultura empresarial basada en principios éticos y comunitarios. Esto no solo demuestra una voluntad colectiva de cambio, sino también la necesidad urgente de diseñar intervenciones que partan desde las capacidades existentes, en lugar de imponer soluciones externas.
Un hallazgo especialmente sensible es el rol invisible de las mujeres. Aunque participan en el procesamiento del pescado, la logística doméstica y, en ocasiones, el remolque de embarcaciones, su trabajo no es reconocido ni remunerado. Este dato refuerza la importancia de incorporar una perspectiva de género en cualquier estrategia de fortalecimiento del sector, tal como lo establece el comercio justo en sus principios fundacionales.
Desde el análisis cualitativo emergen sentimientos de frustración, resignación y a la vez
esperanza. Frases como “nadie nos ha tomado en cuenta”, “el precio lo pone el comprador, no nosotros” o “yo quisiera que mis hijos no pesquen, que estudien” muestran la tensión entre la dignidad del oficio y las limitaciones del entorno. Al mismo tiempo, las respuestas positivas sobre la posibilidad de organizarse, fijar precios mínimos y recibir capacitación revelan que la comunidad no está derrotada, sino lista para activarse si cuenta con aliados consistentes.
A partir del diagnóstico socioeconómico realizado, se propone la implementación de un Modelo de Formación de Competencias en Comercio Justo para pescadores artesanales. Este modelo busca empoderar a las comunidades mediante capacitación continua, certificación de productos y fortalecimiento organizativo. Las capacitaciones incluirían temas como economía solidaria, comercialización justa, emprendimiento y sostenibilidad ambiental.
El modelo se sustentará en tres pilares: (1) Formación participativa, dictada en casas comunales con apoyo de universidades locales y ONG; (2) Certificación progresiva, en colaboración con entidades como Fairtrade International; y (3) Articulación con políticas públicas de desarrollo rural. Esta propuesta busca una economía local más equitativa, generando empleo digno, cohesión social y protección ambiental en la zona rural del cantón Manta.
La propuesta parte de la necesidad de construir un modelo de comercio justo que sea coherente con la realidad del territorio y la cultura organizativa de los pescadores. Se plantea una estrategia en tres fases: diagnóstico y socialización, fortalecimiento de capacidades y certificación participativa. Cada fase estará acompañada de indicadores medibles y estrategias de seguimiento comunitario.
El primer eje, formación de capacidades, contempla una serie de talleres y procesos de aprendizaje colaborativo que aborden temáticas como: principios del comercio justo, gestión cooperativa, trazabilidad del producto, finanzas comunitarias, derechos laborales, equidad de género y sostenibilidad ambiental. Las capacitaciones serán dictadas por profesionales en economía solidaria, en coordinación con universidades locales y organismos multilaterales como la FAO y la OIT.
El segundo eje, articulación institucional, contempla la creación de una mesa técnica local de gobernanza pesquera artesanal, integrada por representantes de los pescadores, gobiernos parroquiales, la Dirección Zonal de Pesca, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Este espacio será clave para definir mecanismos de control social, promoción de buenas prácticas y coordinación de acciones a largo plazo. Además, se propondrá la firma de convenios marco con actores del comercio justo nacional e internacional.
El tercer eje es la certificación participativa. A diferencia de los modelos convencionales costosos, se propone adoptar esquemas de certificación participativa o comunitaria, basados en principios de confianza, transparencia y verificación cruzada entre pares. Este enfoque, ampliamente validado por organizaciones como IFOAM y Slow Food, permite a pequeños productores cumplir estándares éticos y sociales sin incurrir en altos costos. La certificación incluirá criterios sobre calidad del producto, trazabilidad, condiciones laborales, prácticas de pesca sostenible y compromiso comunitario.
El modelo se desarrollará en tres fases a lo largo de un período de 24 meses. La primera fase (0-6 meses) estará centrada en la socialización comunitaria, levantamiento de línea base y fortalecimiento organizativo. Durante esta etapa se establecerá la mesa técnica local y se firmarán los primeros convenios de cooperación. La segunda fase (7-18 meses) incluye el desarrollo de talleres, implementación de prácticas de pesca responsable, construcción de acuerdos de precios mínimos y diseño del sistema de certificación participativa. La tercera fase (19-24 meses) contempla la evaluación de impacto, ampliación de mercados, sistematización de experiencias y construcción de propuestas de política pública con base en los aprendizajes. Los indicadores clave de seguimiento serán: (1) número de pescadores capacitados; (2) número de organizaciones que adoptan principios de comercio justo; (3) volumen comercializado bajo prácticas certificadas; (4) ingresos promedio por faena; (5) reducción en brechas de género y edad en la participación comunitaria.
Se estima que, tras el primer año de implementación, los ingresos promedio por faena aumenten en un 25%, el 70% de los pescadores conozcan el sistema de comercio justo, y al menos el 30% de las capturas estén certificadas bajo criterios participativos. A mediano plazo, se proyecta un impacto indirecto sobre la seguridad alimentaria, la inclusión de mujeres en tareas de valor agregado y el fortalecimiento de capacidades para la gestión de recursos marinos.
La Constitución del Ecuador de 2008 reconoce en su artículo 66 el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y en su artículo 281 consagra la soberanía alimentaria como
objetivo estratégico del Estado. En este marco, el fortalecimiento de la pesca artesanal a través de esquemas de comercio justo no solo es deseable, sino también coherente con los principios constitucionales. Asimismo, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y la Pesca (2019) menciona en su artículo 3 la necesidad de promover una pesca responsable, inclusiva y sostenible.
A nivel internacional, Ecuador es signatario del Convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca, así como de las directrices voluntarias de la FAO para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala. Estas normativas ofrecen una oportunidad valiosa para vincular los principios del comercio justo con mecanismos de protección laboral, formalización progresiva y financiamiento para infraestructura productiva en comunidades pesqueras.
A partir de los datos de base recolectados, se estima que la implementación de un sistema local de comercio justo permitiría aumentar el ingreso neto por faena entre un 25% y un 40% en el primer año. Esto se basa en la eliminación de intermediarios, la mejora de la calidad del producto a través de capacitación y conservación, y el acceso a mercados diferenciados a través de certificación y trazabilidad digital.
Por ejemplo, si actualmente un pescador vende su producto en $0,80/lb a un intermediario, bajo comercio justo podría recibir entre $1,10 y $1,30/lb. En una faena promedio de 50 libras, esto representa una diferencia de hasta $25 por jornada. Multiplicado por 20 jornadas al mes, implica un aumento potencial de hasta $500 mensuales, lo que no solo mejora la calidad de vida, sino que permite invertir en educación, salud y reinversión productiva. Estos beneficios se amplifican cuando se implementan colectivamente, con economía de escala, mecanismos de ahorro comunitario y alianzas estratégicas con instituciones públicas y ONGs.
La pesca artesanal en la zona rural de Manta enfrenta múltiples limitaciones estructurales que obstaculizan su contribución al desarrollo sostenible. Los datos recolectados revelan una profunda desigualdad comercial, bajos ingresos y escaso acceso a políticas públicas. Sin embargo, existe una fuerte disposición por parte de los pescadores a mejorar sus condiciones, organizarse y adoptar nuevos modelos de comercialización.
El comercio justo ofrece una alternativa concreta y viable para transformar esta realidad,
siempre que se lo implemente desde una perspectiva comunitaria, participativa y sostenible. Promover este tipo de comercio no solo generará beneficios económicos, sino que fomentará la dignidad laboral, la equidad de género y la protección ambiental. El camino hacia un desarrollo más humano y justo requiere decisiones políticas inclusivas y el fortalecimiento del tejido social rural.
La pesca artesanal en la zona rural del cantón Manta representa no solo un medio de vida, sino una expresión de cultura, identidad y resiliencia frente a condiciones adversas. Este estudio ha evidenciado los profundos desafíos estructurales que enfrenta este sector: informalidad, falta de regulación, precios injustos y exclusión institucional. Sin embargo, también ha identificado fortalezas: organización comunitaria, vocación de mejora, prácticas ambientalmente responsables y disposición al cambio.
El comercio justo emerge como una estrategia viable, pertinente y transformadora para responder a estos desafíos. A través de la formación, la certificación comunitaria y la articulación con actores públicos y privados, es posible construir un modelo de desarrollo local inclusivo, sostenible y justo. Las experiencias analizadas demuestran que cuando los pequeños productores recuperan el control sobre su trabajo y sus condiciones de comercialización, los efectos positivos se multiplican en toda la comunidad.
El trabajo propone no solo una intervención técnica, sino una apuesta ética por otro modelo de economía: más humana, cooperativa y respetuosa del entorno. La implementación del modelo de comercio justo diseñado aquí podría convertirse en un referente replicable para otras comunidades pesqueras del país y de América Latina.
La experiencia de los pescadores artesanales de la zona rural del cantón Manta no es aislada. Se trata de un espejo de las desigualdades estructurales que afectan a miles de comunidades costeras en América Latina. Sin embargo, en esta realidad adversa también habita la semilla de una transformación. El comercio justo, más que un sello o una certificación, es una forma de entender la economía desde la dignidad, la reciprocidad y el cuidado mutuo.
Este artículo ha propuesto un modelo basado en el reconocimiento de capacidades locales, la participación activa de la comunidad y el fortalecimiento de alianzas multisectoriales. El camino hacia una economía pesquera más justa no es inmediato ni exento de obstáculos. Pero con voluntad política, coherencia técnica y compromiso social, es posible avanzar hacia una nueva relación entre productores, consumidores e instituciones.
Para que el modelo propuesto trascienda el corto plazo y se consolide como una política pública, se requiere institucionalizar los aprendizajes generados. Esto implica incorporar los principios
del comercio justo en los planes de desarrollo parroquiales y cantonales, crear líneas presupuestarias específicas para infraestructura pesquera comunitaria, e incluir a las cooperativas artesanales en los sistemas de compras públicas.
Además, es fundamental establecer mecanismos de monitoreo participativo, donde los propios pescadores y actores comunitarios den seguimiento a los compromisos asumidos y ajusten las estrategias en función de los resultados. La sostenibilidad también dependerá de la formación de líderes jóvenes, la articulación con redes nacionales e internacionales de comercio justo, y la apertura al aprendizaje continuo desde otras experiencias territoriales.
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